LA DENUNCIA DEL STAJ SOLICITANDO FORMACIÓN URGENTE
El pasado 1 de julio tuvo lugar la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 que regula el nuevo código penal.
Son muchas las novedades que integra el nuevo cuerpo legislativo. Sin en cambio desde un punto de vista práctico, la que más le preocupa al Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) es aquella relativas al cambio de tipificación de los anteriores juicios de faltas. Con la nueva entrada en vigor, lo que anteriormente esta tipificado como una falta pasaran muchas de ellas a ser consideradas como sanciones administrativas y mientras otras seguirán estando penalizadas, pero cambiando su denominación por el de delitos leves.
El problema viene a la hora de aplicar esta nueva regulación, donde el propio texto legal en su Disposición Adicional Segunda determina que los delitos cometidos tras la entrada en vigor de la ley se sustanciaran de acuerdo a lo establecido en el LIBRO VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula las faltas, lo que quiere decir que los delitos leves se tramitarán según el procedimiento existente anteriormente de las faltas.
Para todos aquellos procesos de faltas cometidos con anterioridad a la entrada en vigor, por hechos que en la actual regulación se encuentren despenalizados al pasar a ser considerados sanciones administrativas, se aplicarán según lo establecido en el anterior texto legal.
Por lo cual, con la modificación del texto legal de 1 de julio, los juicio de faltas pasaran a denominarse delitos leves, provocando a su vez que todas las competencias que existían en materia penal en los Juzgados de Paz desaparezcan.
El pronunciamiento del STAJ se debe a que consideran que una reforma de tal envergadura, no puede implantarse sin anteriormente haber impartido cursos formativos para todos aquellos empleados que se ven perjudicados. Por ello solicitan una formación urgente y extraordinaria para los funcionarios de los juzgados afectados, como son los de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la mujer.
Su llamamiento es totalmente lógico, puesto se encuentra en un abismo legal donde no saben del todo bien como actuar, y donde tienen en juego los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los principales propulsores de esta iniciativa son los funcionarios de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, que son los que tramitan físicamente el asunto.
Denuncian públicamente que a pesar de solicitar los cursos con urgencia, ya existen las primeras víctimas, como están siendo los Juzgados de Guardia de toda España. Estos órganos han sido los primeros perjudicados, que están trabajando ante una situación de absoluta desinformación, a lo que se le añade otros problemas sobrevenidos, como que no se han actualizado los sistemas informáticos para adaptarse a las exigencias del nuevo cuerpo legal.
El STAJ lamenta que se aprueben este tipo de leyes sin garantizar que realmente los medios técnicos, materiales y personales estén actualizados para poder hacen frente a este tipo de actualización.
Este tipo de problema que ya es manifiesto en todos los Juzgados de toda España, y que probablemente se podría haber previsto, da lugar a abrir otra puerta, que es el de un mayor retraso y carga para la administración de Justicia.
Para todos es conocido que la administración de Justicia trabaja muy lenta y resuelve los asuntos muy tarde. Si a su vez le añadimos este nuevo problema, como es la poca formación de los funcionarios que trabajan en el mismo y la carencia de medios informáticos y técnicos para hacer frente, la desconfianza que tiene depositada el pueblo en la Justicia Española se hace aun mayor.
¿Realmente estos problemas de los cuales los funcionarios se quejan no son subsanables? ¿No son previsibles estos problemas antes de que lleguen?
